Realmente esta situación de principios del siglo XX no había cambiado mucho de épocas anteriores. A mediados del siglo XVIII, por ejemplo, más del 80 % de las familias se dedicaban a la agricultura y la ganadería, sector productivo principal a lo largo del tiempo y aún imperante en el primer tercio del siglo XX en Guadalix de la Sierra. De un total de 173 familias existentes en la población, 11 se dedicaban principalmente al pastoreo, 28 cabezas de familia eran jornaleros del campo, es decir obreros agrarios sin tierras mientras que la gran mayoría, 116 familias, eran labradores, es decir propietarios de tierras propias a las que se dedicaban para mantener a sus familias. En este grupo mayoritario de vecinos, dueños de fincas, dominaba el pequeño propietario, en su gran mayoría .
Este sector agrario, dominante en la sierra de Madrid, era fundamentalmente dependiente. A pesar de ser propietarios, el tamaño de sus propiedades no alcanzaba para mantener holgadamente a su familia. Era imprescindible la búsqueda de otras actividades económicas complementarias a la principal, situación que provocó una extrema complejidad en las relaciones sociales locales. Un de ellas era aprovecharse de las relaciones de parentesco. Las familias en situaciones económicas parecidas se auto-ayudaban en tareas agrarias como forma de mantener su precario nivel económico. Otra posibilidad era la de ofrecerse como mano de obra para vecinos más pudientes. Para ello era fundamental “llevarse bien con los demás vecinos”, ser buen trabajador y cumplir con los tratos convenidos con las otras partes. Pero también se podía conseguir incluso trabajar tierras de otros mediante acuerdos o tratos, lo que se llama en diferentes partes del país, ser “medianeros”: se cultivaban tierras ajenas a cambio de una parte de la cosecha.
Estas relaciones económicas crearon, a lo largo del tiempo, unas fuertes redes sociales entre los vecinos, cimentadas en una interdependencia bastante acentuada entre unos y otros. Los cambios estructurales, con el paso del tiempo, eran prácticamente nulos. No hubo concentración de tierras en manos de unos pocos vecinos, ni existieron propietarios latifundistas que hubiera obligado a un empobrecimiento de gran parte de los jornaleros locales. Se mantuvo esta configuración social y económica sin apenas cambios hasta la llegada de la Segunda República en Guadalix de la Sierra.
A nivel político, la pequeña élite local se confundía con los mayores propietarios agrarios locales con la inclusión de miembros de otros sectores económicos de la localidad como determinados comerciantes, boticario, médico, etc… Dicha élite, a partir de finales del siglo XIX, una vez consolidado el bipartidismo político entre liberales y conservadores en la monarquía del monarca Alfonso XII y más tarde de Alfonso XIII, se consolidó en los ambientes rurales y locales del país con fuertes relaciones con los representantes políticos superiores, los diputados a Cortes y el gobernador civil de la provincia, relaciones que pretendieron fijar dicho modelo bipartidista con el apoyo de la élite política local, llamada también los caciques.
Esta configuración social de la vida social y económica locales que cimentaba una pequeña población rural como era Guadalix de la Sierra tenía un gran enemigo. No procedía de su interior sino desde fuera, desde lo que se llamó la modernidad. Los acontecimientos producidos a consecuencia de la invasión francesa de Napoleón, las posteriores políticas nacionales inmersas en luchas dinásticas de la Corona Española, dejaron las arcas del Estado en la ruina lo que provocó, de las manos de los liberales, varias desamortizaciones de tierras de propiedad eclesiásticas y concejiles con el fin de recuperar parte de la deuda con la venta de dichas propiedades a manos privadas.
En Guadalix de la Sierra, se vendieron propiedades eclesiásticas de la iglesia parroquial y de las ermitas del pueblo, en especial la de la ermita de Nuestra Señora del Espinar, patrona de la localidad. Concretamente el 16 de marzo de 1861 se vendieron las propiedades de dicha ermita que quedaron adjudicadas al vecino Pedro Junco . En este caso particular, la compra de dichas propiedades se realizó por un vecino de la localidad, sin participación foránea, lo que desgraciadamente no ocurrió con una de las grandes propiedades municipales, la dehesa del Quejigal.
Fue un acontecimiento de gran relevancia y que tuvo graves consecuencias para la población de Guadalix de la Sierra. El Estado obligó por ley a que todos los ayuntamientos pudieran demostrar tanto la titularidad como el uso común de sus dehesas. Y así se hizo por parte del ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, ratificado por el Estado mediante Real Orden de 1 de diciembre de 1884. Dicha dehesa tenía una extensión de 410 hectáreas y cercada toda ella de pared de piedra. Al norte, lindaba con las Calerizas, al este con montes de propiedad privada, al sur con terrenos labrados del “Verdugal” y al oeste con el camino de San Agustín del Guadalix.
Pero, once años después, un particular, Enrique Ortiz Lanzagosta, denunció al ayuntamiento de Guadalix de la Sierra en 1895 “de que la dehesa del Quejigal no se destinaba a los fines de la concesión de excepción porque el ayuntamiento de Guadalix de la Sierra arrendaba sus pastos” . Fue el inicio de una turbia operación de especulación que tuvo con objetivo desproteger la dehesa del Quejigal para apropiarse de ella mediante su compra a manos privadas.
Una vez aceptada dicha denuncia por la Dirección General de Propiedades, ésta la declaró procedente y revocó la Real Orden de 1884 que exceptuaba la venta de dicha dehesa. En consecuencia, el 15 de febrero de 1896, dicha Dirección General disponía la enajenación de dicha dehesa y, a continuación, procedía a su inmediata venta para el 7 de octubre de 1896.
Pero ¿Qué hizo el ayuntamiento de Guadalix de la Sierra para evitar esta situación? Las autoridades locales siempre alegaron en su defensa falta de información por parte del Estado. Fueron engañados desde el interior del Estado por algunos que interfirieron para facilitar su venta a manos privadas.
La Real Orden del 15 de febrero de 1896 no fue debidamente notificada al ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, así se defendió el consistorio al mismo tiempo que recurrían dicho acuerdo cuando ya se había realizado la venta de dicha dehesa, el 31 de octubre de 1897. Dicha Dirección General desestimó, el 28 de septiembre de 1898, las justificaciones presentadas por el ayuntamiento y solo le quedaba al consistorio interponer un recurso a dicho dictamen. Esta operación, lamentablemente, no se llevó a efecto.
No sabemos por qué el ayuntamiento no utilizó esta última oportunidad para defender su dehesa. ¿Por incapacidad, por falta de recursos, por olvido o simplemente por una interesada negligencia? Lo que parece cierto es que las supuestas trampas que pudieron emanar desde el interior del Estado pudieron tener connivencia entre los miembros del ayuntamiento del año 1898.
El primer comprador de la dehesa del Quejigal, Manuel Berriatua, un testaferro en toda regla, la vendió por 140.000 pesetas el mismo día de su compra a quien realmente le interesaba su adquisición: a Esteban Hernández Martínez, criador de reses bravas. El pueblo de Guadalix de la Sierra se quedó sin dehesa, sin una fuente gratuita e importante de ayuda para todos sus vecinos. Hasta 1931, las quejas del ayuntamiento fueron constantes, “llegando a choques con motivo a esta cuestión y a cierta violencia” . No era para menos, porque esta sospechosa privatización había creado un cierto empobrecimiento general de la población a costa de “la recría de reses de lidia que cabe considerar como punto de lujo y ostentación” . Como muestra de este malestar, el periódico El Globo recogió en su noticiario la reunión mantenida el 4 de junio de 1909 entre una comisión de vecinos y miembros del Ministerio de Hacienda para intentar reconducir esta situación.
En 1930, Guadalix de la Sierra tenía 1.274 habitantes, menos que Miraflores de la Sierra pero más que las localidades vecinas de Chozas de la Sierra o Pedrezuela. Del total de varones existentes, 657, 180 eran analfabetos, es decir un 27 % mientras que las mujeres, en total 617, 195 eran analfabetas, un 30 %, un porcentaje ciertamente elevado pero en consonancia con la media de los demás pueblos serranos durante esos años. Con la existencia de una escuela para niños y niñas, abandonaban los estudios entre los 15 y los 16 años y tanto los varones como las mujeres entraban rápidamente en el mundo laboral, primero el que correspondía al mundo familiar.
Estos datos procedentes de censos nacionales contrastan con la dificultad de consultar información documental histórica procedente del archivo municipal de Guadalix de la Sierra. Esta inmensa fuente de información no existe en la actualidad porque, como veremos más adelante, dicho archivo quedó destruido en un incendio ocurrido en 1937. Todo ello dificulta enormemente la posibilidad de estudiar el pasado de la localidad. Tenemos muy poca información que ofrecer. Por ejemplo, durante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera cuando el general suspendió los ayuntamientos monárquicos y procedió a crear ex profeso unos nuevos sin elecciones, en 1923 hasta el nombramiento de nuevo ayuntamiento con el gobierno del general Berenguer en 1930, sabemos de forma indirecta que el alcalde de Guadalix de la Sierra, durante unos pocos años, fue Antonio Vázquez Fernández. Era labrador. Había nacido en esta localidad el 17 de enero de 1877, siendo sus padres Nicomedes e Isabel. No podemos conocer quiénes fueron sus concejales durante ese periodo ni quienes fueron nombrados en 1930. Una falta de información que nos impide conocer los nombres de aquellas personas que estuvieron implicados en los asuntos municipales a lo largo de esos años. Más si cabe si pensemos en que este periodo de la dictadura fue un intento de promover a otras personas en la política local, diferente de la élite monárquica.
Se conoce, sin embargo, la composición del ayuntamiento del año 1925, en pleno periodo de la dictadura de Primo de Rivera, sin saber exactamente el tiempo que ejercieron su mandato sus ediles. Son nombres, desde luego, que no volverán a aparecer entre la élite política local posterior inmediata.
